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Panamá - Diciembre 15, 2011

COMENZÓ LA AUDIENCIA CONTRA EL EX PRESIDENTE PÉREZ BALLADARES POR BLANQUEO DE CAPITALES

12 Abril 2011. Registrado en: lavado y droga

(Tomado del diario La Prensa de Panamá)

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Lectura de la vista fiscal y escritos en el acto inicial

Para hoy está previsto que el Ministerio Públicoy la defensa de los 15 imputados en el caso realicen sus alegatos ante el Juzgado Noveno Penal.

PROCESO. Después de las más de cuatro horas que demoró la lectura de la vista fiscal, en la que se pide su encausamiento criminal, el ex presidente Ernesto Pérez Balladares baja las escalinatas del Palacio de Justicia para ir a almorzar durante el receso dado por el juez Diego Fernández. LA PRENSA/Ana Rentería

José Otero
jotero@prensa.com

En el primer día de la audiencia contra el ex presidente Ernesto Pérez Balladares y otras 14 personas por blanqueo de capitales, el tiempo transcurrió a lo largo de una tediosa lectura de la vista fiscal y de los 15 escritos de oposición a dicho documento.

Los alegatos de culpabilidad e inocencia que esgrimen las partes enfrentadas –vale decir el Ministerio Público y la defensa del ex jefe del Estado– serán conocidos a partir de hoy.

La audiencia, que se realiza en el Juzgado Noveno Penal, comenzó aproximadamente a las 8:20 a.m. con con la presencia de solo cuatro de los 15 acusados por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada: el propio Pérez Balladares, su ex ministro de Vivienda Roosevelt Thayer, su yerno Enrique Pretelt y Rómulo Abad, quien fuera su secretario privado.

En un principio, el juez Diego Fernández leyó el reglamento de la diligencia, y luego el fiscal Marcelino Aguilar pidió que se leyera la vista de ampliación del caso, en la que el Ministerio Público solicita el encausamiento criminal del ex jefe del Estado y de otros 11 de los imputados, así como el sobreseimiento para los restantes tres acusados. En el caso de resultar culpables, los imputados serían castigados con condenas de entre 5 y 12 años de cárcel, según lo planteado en la vista fiscal.

La lectura del documento se prolongó durante más de cuatro horas, tiempo en el que se observó al ex presidente sentado en una de las esquinas del recinto, a veces recostado contra una pared, a veces bostezando. Ya a la 1:00 p.m., el juez Fernández concedió un receso para almorzar.

Aproximadamente una hora más tarde, pasadas las 2:00 p.m., la audiencia volvió a comenzar, aunque esta vez con la lectura de los 15 escritos de oposición a la vista fiscal presentados por los defensores de los imputados, en los cuales fue cuestionada fuertemente la actuación de los dos fiscales que intervinieron en el caso –el hoy procurador, José Ayú Prado, y Marcelino Aguilar–, actuación que calificaron de negligente e improcedente.

En los escritos de oposición de la defensa de Pérez Balladares y de su yerno Enrique Pretelt, por ejemplo, se indicó que la fiscalía incurrió en vicios de nulidad al acusarlos por blanqueo de capitales, porque ese delito no estaba tipificado en el Código Penal en la fecha en que, según el Ministerio Público, se cometieron los delitos. Fue tipificado en el año 2000, cuando Pérez Balladares no era presidente.

Basados en esos argumentos, los defensores pidieron al juzgado el sobreseimiento definitivo de todos los imputados y la nulidad de todo lo actuado.

Cronología

Previamente, tras su llegada al Palacio de Justicia, cerca de las 8:00 a.m., el ex mandatario insistió en su inocencia y volvió a culpar al Ministerio Público de mantener una persecución en su contra desde hace año y medio, cuando comenzaron las investigaciones del caso.

“[Ahora] le tocará al juez determinar quién dijo la verdad y quién inventó las cosas”, señaló.

Por su parte, Roosevelt Thayer calificó el caso como “una patraña del Ministerio Público y de La Prensa”, e insistió en que el expediente fue manipulado, pero no por el gobierno, sino por el Ministerio Público.

“El hoy procurador, José Ayú Prado, usó este caso como trampolín para llegar al puesto que tiene. No existe un solo cheque de Shelf Holding Inc. que yo haya firmado. Confiamos en la decisión final del juez”, indicó.

Mientras tanto, el abogado Luis Carlos Cabezas, quien lidera la defensa del ex mandatario, afirmó que durante la audiencia demostrará que ni su cliente ni ninguno de los otros 14 imputados incurrieron en el delito de blanqueo de capitales, con lo que se limpiarán sus nombres.

Opinó, además, que la petición de la fiscalía de iniciar un segundo proceso contra el ex presidente “es una arbitrariedad”, porque los 176 millones de dólares que se dice hay en una cuenta en Bahamas no pertenecen a su cliente, sino a ese banco extranjero.

“Esa es una afirmación falsa de parte de la fiscalía. Si Ernesto Pérez Balladares tiene ese dinero, voy a pedirle entonces que me aumente mis honorarios”, comentó.

Aprovechó la ocasión para referirse a la decisión del Segundo Tribunal Superior de Justicia –que rechazó la incorporación en las sumarias de dos auditorías adicionales solicitadas por el Ministerio Público– y dijo que “eran un capricho de la fiscalía”, además de ilegales, “porque no estaban incluidas en la ampliación ordenada por el juez”.

Cabezas fungió ayer como representante de Thayer, mientras que la abogada Guillermina McDonald representó a Pérez Balladares, “como parte de la estrategia” a seguir durante el proceso, según explicó Cabezas.

Barra brava

El ex presidente contó con el apoyo presencial de varios de los más altos líderes del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), que comenzaron a llegar al Palacio de Justicia desde antes de las 8:00 a.m.

Francisco Sánchez Cárdenas, presidente del colectivo; Mitchell Doens, secretario general; Balbina Herrera, ex candidata presidencial; Javier Martínez Acha, Priscila Valenzuela, Reynaldo Rivera y Anel Bolo Flores fueron algunos de los perredistas presentes en la sala de audiencias. También estuvo presente el abogado Carlos A. Mendoza. Al final, los copartidarios del ex mandatario colmaron la tercera parte del pequeño salón, de unos 40 asientos. Las grandes ausentes fueron la esposa e hijas de Pérez Balladares.

Aunque con declaraciones por separado, los políticos pidieron un juicio imparcial y apolítico, y particularmente solicitaron al presidente, Ricardo Martinelli, “sacar las manos de la justicia”.

Pero de todos los perredistas presentes en la mañana, solo permanecieron en el salón Balbina Herrera, Reynaldo Rivera y Patricia Valenzuela.

El ex presidente Martín Torrijos, en su página de twitter publicó: “Que la justicia en Panamá demuestre su imparcialidad en el caso de Ernesto Pérez Balladares, y que prevalezca el derecho y no la politización de la justicia”.

Los imputados

Además del ex presidente Ernesto Pérez Balladares, el Ministerio Público formuló cargos por blanqueo de capitales y pidió el encausamiento criminal de Henry Mong Woo, Vicente Calderón, Adelio Green, Jenifher Espino de Sheppard, Jaime Espino Díaz. Asimismo, de Rómulo Abad Coutte, Enrique Pretelt, Saideth Ortiz Chávez, Roosevelt Thayer, Carlos E. Carrasquilla y Ricardo Caputo.

Por otro lado, solicitó el sobreseimiento provisional para Eyda Achón Quezada, la secretaria de Pérez Balladares desde hace 27 años; James Tobbiason, el mecánico de su yate; y Tomás González de la Barrera, administrador.

Las investigaciones de este caso comenzaron el 14 de septiembre de 2009, luego de que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la Presidencia de la República detectara movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de Lucky Games, vinculada al ex presidente.

Un año y seis meses después, desde ayer se realiza la audiencia preliminar.

‘Procesono ha sido amañado’

El procurador de la Nación, José Ayú Prado, respondió ayer al ex presidente Ernesto Pérez Balladares y negó que el proceso que se le sigue a este y a otras 14 personas por blanqueo de capitales haya sido amañado; mucho menos que se haya fabricado alguna prueba, sobre todo porque en todas sus fases el proceso ha estado bajo un estricto control jurisdiccional por petición de la defensa.

“Yo no tengo la costumbre de hablar de casos que no manejo directamente […], sin embargo, tengo que afirmar que este expediente ha sido sometido a un férreo control jurisdiccional”, dijo.

Según el Procurador, la defensa del ex presidente y del resto de los imputados ha interpuesto en los tribunales toda clase de incidentes de controversia, de nulidad y prescripción, la mayoría de los cuales, sin embargo, ha sido fallada a favor del Ministerio Público, lo que da a la opinión pública oportunidad de sacar sus conclusiones.

Ayú Prado también dijo que no se puede olvidar que la fianza otorgada al ex jefe del Estado por 5 millones de dólares fue una decisión del Órgano Judicial y no del Ministerio Público.

“El juez noveno penal –Diego Fernández– va a escuchar al Ministerio Público, a los abogados defensores de los 15 imputados, y calificará entonces el sumario de acuerdo con lo que está en el expediente”, apuntó.

Pedro Rodríguez
ESPECIAL PARA LA PRENSA

AMPLIACIÓN

JUZGADO NOVENO REALIZA AUDIENCIA PRELIMINAR EN PROCESO POR BLANQUEO DE CAPITALES
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Pérez Balladares encara a la justicia
El ex presidente de la República y otras 14 personas tendrán que justificar el dinero que recibieron de la empresa Lucky Games.

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1537256José Otero
jotero@prensa.com
Ernesto Pérez Balladares podría convertirse hoy en el segundo ex presidente de la República en ser llevado a juicio, después que los militares dejaron el poder en 1989, y el quinto gobernante sentado en el banquillo de los acusados en la historia del país.

Sin embargo, de ser acogida la petición de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada por el Juzgado Noveno Penal, Pérez Balladares pasaría a ser el primer ex mandatario de Panamá en ser juzgado por blanqueo de capitales.

En febrero de 2000, el hoy fallecido ex presidente Guillermo Endara fue enjuiciado en el Juzgado Quinto Penal de Panamá por el delito de calumnia e injuria, luego de llamarle homosexual en 1996 al entonces director de la Caja del Seguro Social (CSS) y hoy presidente de la República, Ricardo Martinelli.

En una carta pública, Endara responsabilizó a Martinelli de las muertes de 13 pacientes con afección renal recluidos en la sala de hemodiálisis de la CSS. A pesar que Endara fue multado por leer un libro durante la audiencia, resultó absuelto en este proceso.

Los otros tres juicios involucran a presidentes en ejercicio y por tanto fueron realizados por la Asamblea Nacional.

En mayo de 1951, la Asamblea se declaró en sesiones judiciales y –a la par que se derrocaba a Arnulfo Arias por la fuerza– lo juzgaba por extralimitación de funciones, lo destituía como Presidente de la República e inhabilitaba para volver a ejercer cargos públicos, aunque fue rehabilitado en la década de 1960.

En enero de 1955, luego del asesinato del presidente José Antonio Remón Cantera, la Asamblea separó del cargo al primer vicepresidente José Ramón Guizado, y luego lo juzgó como supuesto autor intelectual del magnicidio.

Cuando ya había terminado su período en la Presidencia, se juzgó a Rubén Miró, supuesto autor material del crimen, por lo que se liberó a Guizado de su condena.

Finalmente, en mayo de 1968 la Asamblea juzgó y condenó al presidente Marco A. Robles por actos de coacción electoral. Aunque Robles fue destituido por la Asamblea, la Guardia Nacional intervino e impidió llevar a cabo la condena, por lo que terminó su período presidencial y se impuso el candidato opositor de ese entonces, Arnulfo Arias, quien tomó posesión el 1 de octubre de 1968, y 11 días después fue derrocado por los militares.

Envite y azar

Pérez Balladares será llevado a audiencia preliminar hoy, junto con otras 14 personas que fueron vinculadas con transferencias millonarias de dinero procedentes de la sociedad Lucky Games S.A. –beneficiada en 1999 con una concesión del Estado para administrar y operar salas de máquinas tragamonedas– hacia otras empresas que servían, supuestamente, de fachada para blanquear el dinero.

En ese último grupo de sociedades anónimas se encontraba Shelf Holding Inc, de la cual el ex mandatario y su secretaria privada Eyda Achón tenían firma autorizada para movilizar dinero, sin ser parte de su junta directiva. Además, PTY Adventure S.A., Jotas del Mundo S.A., Grupo Granate y Kestel Management Inc.

La investigación se inició el 14 de septiembre de 2009, luego de que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la Presidencia de la República detectara una serie de movimientos bancarios sospechosos, ligados con la empresa Lucky Games S.A. y el ex mandatario.

Le correspondió al entonces fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada José Ayú Prado, hoy procurador de la Nación, investigar los motivos por los cuales Lucky Games S.A. transfería sumas millonarias a las otras sociedades.

Durante la pesquisa, los abogados defensores presentaron 25 recursos legales que debieron ser atendidos por los tribunales de justicia.

El 29 de diciembre de 2009, Ayú Prado formuló cargos por blanqueo de capitales a Pérez Balladares y ordenó su arresto domiciliario e impedimento de salida del país.

A finales de marzo de 2010, la fiscalía modificó las medidas cautelares y le impuso país por cárcel, aunque ese mismo mes Pérez Balladares fue beneficiado con una fianza de excarcelación por un monto de 5 millones de dólares, que nunca consignó.

El 23 de marzo de 2010, el ex mandatario fue indagado y el 6 de octubre la fiscalía remitió al juzgado las conclusiones de su investigación.

Sin embargo, el 25 de noviembre de ese mismo año el juez Diego Fernández concluyó que la vista fiscal estaba incompleta y la devolvió para una ampliación de 17 puntos.

En enero de este año, Marcelino Aguilar asumió como nuevo fiscal contra la Delincuencia Organizada, y un mes después, el 28 de febrero, concluyó las sumarias y las remitió de nuevo al juzgado, que fijo la fecha de hoy para la audiencia preliminar.

En su vista, Aguilar solicitó el llamamiento a juicio para Pérez Balladares y otras 11 personas, y el sobreseimiento provisional para tres más.

Aguilar consideró que tanto el ex presidente como su ex ministro de Vivienda Roosevelt Lito Thayer, y otras nueve personas, no lograron justificar por qué recibieron dinero o firmaron cheques por sumas que sobrepasaron los 20 millones de dólares procedentes de la sociedad Lucky Games.

Al mismo tiempo opinó que Eyda Achón –secretaria privada de Pérez Balladares–, James Tobbiason y Tomás González de la Barrera –firmantes y depositantes de las cuentas investigadas–, actuaron como empleados que cumplían órdenes de Pérez Balladares, y por tanto los eximió de responsabilidad.

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