Caso EPB: fiscal alega conspiración
13 Abril 2011. Registrado en: Foto Portada, lavado y droga(Tomado del diario La Prensa de Panamá)
finaliza audiencia preliminar
El juez noveno penal, Diego Fernández, se acogió al término de 30 días que le otorga la ley para decidir.
en foco. Ernesto Pérez Balladares a su salida de la sala de audiencias del juzgado noveno penal, del Palacio Gil Ponce de León. LA PRENSA/Eric Batista
José Otero
jotero@prensa.com
En el segundo y último día de la audiencia preliminar del caso en el que se procesa al ex presidente Ernesto Pérez Balladares y otras 14 personas por blanqueo de capitales, el Ministerio Público (MP) alegó que los imputados conspiraron para crear sociedades de papel y recibir dinero procedente de Lucky Games, empresa beneficiada en el gobierno de Pérez Balladares con una concesión para administrar salas de máquinas tragamonedas.
El fiscal contra la Delincuencia Organizada, Marcelino Aguilar, sustentó que las referidas sociedades fueron puestas en operación en la misma época en que se comenzó a transferir dinero de Lucky Games hacia Shelf Holding Inc., en 2000.
Detalló la implicación de los imputados y reiteró el pedido para que se llame a juicio a 12 de ellos, incluyendo al ex jefe del Estado; y que se le dé un sobreseimiento provisional a otros tres.
Además, reiteró la solicitud para que se le autorice iniciar una nueva investigación a partir de dos cheques firmados a favor de Shelf Holding Inc., hallados en un banco de Bahamas.
La defensa, por su parte, alegó que la concesión a Lucky Games fue dada por la Junta de Control de Juegos en el gobierno de Guillermo Endara y no por el Consejo de Gabinete en la administración de Pérez Balladares, como sostiene el MP.
Además, advirtió que la fiscalía nunca pudo probar el delito que precede al blanqueo de capitales; es decir, el origen del dinero supuestamente sucio, máxime cuando la Junta de Control de Juegos practicó auditorías a los fondos de Lucky Games.
Al mismo tiempo, rebatió los argumentos del fiscal sobre el inicio de operaciones de las sociedades y sostuvo que Shelf Holding Inc. fue creada en 2003 y no antes.
Los abogados de los imputados pidieron el sobreseimiento definitivo de sus clientes, o la nulidad del expediente, el levantamiento de las medidas cautelares y que se rechace la apertura de una nueva investigación.
El juez noveno penal, Diego Fernández, se acogió al término de 30 días que le da la ley para decidir.
Al salir del juzgado, Pérez Balladares reiteró que por primera vez se le dio derecho a decir la verdad. “Al final, veremos”, dijo.
AMPLIACIÓN
CONCLUYÓ AUDIENCIA PRELIMINAR EN CASO DEL EX PRESIDENTE ERNESTO PÉREZ BALLADARES
Fiscal y defensa se enfrentan
La Fiscalía dice que los acusados conspiraron para crear sociedades de papel y beneficiarse; la defensa alega que nunca se probó que el dinero era sucio.
EL ACUSADO
El salón de audiencias del Juzgado Noveno Penal estuvo repleto durante los dos días de la diligencia, ocupado, en su mayoría, por los abogados de los imputados y copartidarios del ex presidente, quien aparece en la foto rodeado de varias personas cuando salía del juzgado en el primer receso concedido ayer. LA PRENSA/ Eduardo Grimaldo
EL ACUSADOR
El fiscal contra la Delincuencia Organizada, Marcelino Aguilar, conversa a las afueras del juzgado con Carlos Carrillo, defensor de uno de los imputados en el caso. LA PRENSA/Eduardo Grimaldo
IMPUTADO
Enrique Pretelt fue uno de los cuatro acusados que asistió a la audiencia. LA PRENSA/Eduardo Grimaldo
José Otero
jotero@prensa.com
Los abogados del ex presidente Ernesto Pérez Balladares y de las otras 14 personas acusadas de blanqueo de capitales por el Ministerio Público (MP) centraron ayer parte de su defensa en que, según ellos, la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada nunca acreditó el delito precedente; es decir, el origen del dinero sucio.
Los 8 abogados de los 15 imputados desestimaron los cargos y pidieron al juez noveno penal, Diego Fernández, el sobreseimiento definitivo de sus clientes o la nulidad del proceso.
La audiencia comenzó a las 8:30 a.m. y de inmediato arrancaron los alegatos de la fiscalía, que demoraron más de las dos horas pautadas, por lo que el juez tuvo que pedirle al fiscal Marcelino Aguilar que terminara.
En todo ese tiempo, el ex presidente estuvo serio, sentado en un rincón al fondo del salón y apartado de los otros tres imputados que asistieron a la audiencia: Roosevelt Thayer, Enrique Pretelt y Rómulo Abad.
A las 12:00 m.d., el juez dio un receso para el almuerzo y a la 1:00 p.m. se reanudó la diligencia con los alegatos de la defensa.
Fundamentos
Gilberto Pérez, abogado de Henry Mong Woo y de Tomás González de la Barrera, “reveló” que no fue el Consejo de Gabinete el que otorgó la concesión a Lucky Games para operar las salas de máquinas tragamonedas, y que ello tampoco ocurrió en 1999.
Según Pérez, fue la Junta de Control de Juegos en 1993, en el gobierno de Guillermo Endara, la que dio la concesión y el Gabinete lo que hizo en 1999 fue adecuar el contrato.
Después alegó Tomás Pérez, en representación de Vicente Calderón y Ricardo Caputo, quien agregó que en la misma época en que se dio la concesión a Lucky Games fueron otorgadas otras dos concesiones similares, pero ninguna fue investigada.
Asimismo, afirmó que en el expediente no se ha acreditado el delito que precede al blanqueo de capitales.
Luego le tocó el turno a Guillermina McDonald, abogada de Pérez Balladares, quien calificó el caso como una “saga”, una “telenovela”, y también alegó que el MP nunca pudo probar el delito precedente del blanqueo de capitales, como lo obliga la ley.
Al mismo tiempo, denunció que en la investigación su cliente fue extorsionado por el MP, que si no declaraba, lo metían preso.
Agregó que todo lo hecho por su cliente en relación con la creación de sociedades y con la transferencia de dinero es legal, porque, según dijo, su defendido es financista y no plomero.
Calificó como “absurdo” que el MP diga que Pérez Balladares pidió una coima a Pretelt para darle una concesión, cuando éste es su yerno y él es abuelo de los tres hijos de aquél. “¿Cómo le va a pedir dinero para favorecerlo?”, se preguntó.
En ese momento, el juez llamó la atención al público, porque hubo carcajadas. “Voy a meter dos guardias de seguridad si siguen así. Esto no es lugar para reír”, dijo.
De nuevo en los alegatos, McDonald agregó que Pretelt nunca escondió que era dueño de Lucky Games y que Pérez Balladares tampoco lo hizo con Shelf Holding Inc., porque todo lo que hicieron fue legal.
Dijo que el dinero salido de Lucky Games está auditado por la Junta de Control de Juegos y por la Contraloría, por lo que no es dinero sucio el remitido a Shelf Holding Inc., que, de paso, fue creada en 2003 y no antes.
Pidió al juez el sobreseimiento definitivo de su cliente o la nulidad del caso.
Otros argumentos
Le siguió en el turno el abogado Tomás Solano, defensor de Eyda Achón y James Tobbiason, quien demoró unos 10 minutos en alegar y pidió que se cambie el sobreseimiento provisional que ha pedido la fiscalía para sus clientes por un sobreseimiento definitivo.
Por su lado, Carlos Carrillo, abogado de Rómulo Abad, calificó el expediente como una “aberración jurídica” y basó parte de su defensa en el alegato del doble juzgamiento. Es decir, según su criterio otros tribunales ya sobreseyeron esta causa, por lo que ir a juicio representaría un segundo juicio y este sería ilegal.
Carrillo pidió al juez que anule o archive el expediente, y que otorgue un sobreseimiento a los imputados.
A las 3:30 p.m., el juez concedió un segundo receso, de 20 minutos, a cuyo término habló Lisandro García, abogado de Jenifher Espino de Sheppard y del padre de ésta, Jaime Espino Díaz.
García alegó que sus clientes no ocultaron dinero y que los recursos que recibieron fueron préstamos de un amigo.
Le siguió Luis Carlos Cabezas, quien representó a Thayer y abrió sus alegatos diciendo que los 15 imputados del caso fueron usados como conejillos de india por parte del MP, que, a su juicio, abrió una investigación sin tener un delito tipificado.
Reiteró que la investigación estuvo amañada y que el MP se convirtió en un perseguidor del ex presidente, a quien violó sus derechos.
Sobre Thayer, dijo que éste se ofreció voluntariamente para aclarar la situación jurídica de Pérez Balladares y de Enrique Pretelt, su amigo y su socio, respectivamente, y a cambio el MP ordenó su conducción.
Además, afirmó que en la investigación no se probó que Thayer firmara o endosara cheques de la sociedad Shelf Holding Inc.
En las 37 mil fojas del expediente, dijo, nunca se pudo demostrar que hubo corrupción.
También criticó que en las sumarias no se hayan incorporado pruebas grafotécnicas que demostraran la legitimidad de las firmas de los cheques.
El último abogado en alegar fue José María Castillo, representante de Carlos Carrasquilla y Enrique Pretelt. Dijo que las empresas de este último tenían libros de contabilidad y que si su cliente recibía dinero de ellas era en su condición de dueño y accionista, y no por ser testaferro a alguien.
Además, puntualizó que Pretelt dejó de ser accionista de Lucky Games en 2007.
En cuanto a Carrasquilla, aclaró que los cheques de Shelf Holding Inc. que cobró estaban justificados y que en el expediente se probó la ruta que siguió ese dinero.
Advirtió que en toda la investigación el MP no pudo probar cuándo el dinero que pasó de Lucky Games a Shelf Holding Inc. era negro y cuando comenzó a ser blanqueado.
Los alegatos de la defensa terminaron a las 5:45 p.m.
La acusación
En la mañana, el fiscal Marcelino Aguilar expuso los fundamentos de su acusación y reiteró la solicitud de encausamiento criminal contra el ex jefe de Estado y 11 de los imputados en el caso, así como el sobreseimiento provisional de los restantes tres.
Aguilar y sus asistentes (voceros) detallaron las actividades alrededor de las sociedades PTY Adventure, Joyas del Mundo, Grupo Granate, Kestel Management, Blue Cascade, Alcor y MR Bull, a través de las cuales fluyó el dinero procedente de Lucky Games que ninguno de los acusados pudo justificar, de acuerdo con la vista fiscal.
El fiscal sustentó que esas sociedades se pusieron en operación en la misma época cuando se comenzó a transferir dinero de Lucky Games hacia Shelf Holding Inc., en el año 2000.
En el caso particular de Adelio Green, dijo que éste cobró y cambió en efectivo cheques por más de 600 mil dólares, que luego entregó a la secretaria de Pérez Balladares, Eyda Achón. “Green sabía lo que estaba pasando con ese dinero”, dijo el fiscal.
Lo mismo destacó en el caso de Rómulo Abad, ex secretario privado del ex mandatario, quien, según afirmó, cambió más de 146 mil dólares de cheques provenientes de Shelf Holding Inc.
Advirtió que Jenifher Espino de Sheppard y su padre, Jaime Espino Díaz, así como Saideth Ortiz, recibieron cheques de Shelf Holding Inc. y señalaron que eran préstamos de Pérez Balladares, pero no existe ningún documento que sustente esas transacciones.
Sobre Henry Mong Woo, manifestó que fue quien abrió la cuenta madre de Lucky Games, que luego fue usada para distribuir dinero a Shelf Holding Inc. y otras sociedades implicadas, así como a personas naturales.
Dijo que Mong Woo tenía pleno conocimiento de todo lo que ocurría y de cómo se realizaban las transacciones para ocultar el dinero procedente de Lucky Games.
De Vicente Calderón, expresó que éste abrió la cuenta de la sociedad Joyas del Mundo y luego cambiaba los cheques que se remitían a Shelf Holding Inc., pero señaló que él declaró que no sabía qué pasaba con el dinero y que Pérez Balladares era el dueño de la sociedad.
En tanto, advirtió que Ricardo Caputo cambió cheques de Shelf Holding Inc. por más de 1.6 millón de dólares y se los entregó al ex presidente. Según el fiscal, Caputo declaró que formaba fila en los bancos para que su jefe [Pérez Balladares] no lo hiciera.
El fiscal también hizo un detallado informe de cómo Pérez Balladares, Roosevelt Thayer y Enrique Pretelt se beneficiaban con el dinero procedente de Lucky Games y que luego se distribuía a otras sociedades de sus propiedad, dinero que trataban de ocultar a través de empleados y allegados a su círculo familiar.
A través de diapositivas, la fiscalía mostró copias de una gran cantidad de cheques firmados por estos tres últimos imputados, y gráficas sobre la forma cómo tramitaban el dinero.
La fiscalía no especificó cuánto dinero pudo haber lavado el grupo, pero sí reiteró que la investigación demostró que el delito de blanqueo de capitales está plenamente demostrado en las sumarias.
Finalmente, reiteró su solicitud para que el juzgado lo autorice a dar inicio a una nueva investigación a partir de dos cheques firmados a favor de Shelf Holding Inc. y que fueron a parar en una cuenta en un banco de Bahamas, por la que “transitaron” unos 176 millones de dólares entre 2009 y 2010.
La decisión
Al concluir la fase de alegatos, el juez Fernández decidió acogerse al término de 30 días para tomar una decisión y explicó que lo haría debido a lo complejo del sumario y a que tanto la fiscalía como la defensa técnica de los imputados plantearon cuatro peticiones cada una.
La fiscalía pidió el llamamiento a juicio para 12 de los imputados; el sobreseimiento provisional de otros tres; que se mantengan las medidas cautelares a todos los imputados; y que se le remitan copias del expediente para abrir una nueva investigación por los cheques hallados en Bahamas.
Los defensores, por su lado, pidieron el sobreseimiento definitivo de los 15 acusados; en su defecto la nulidad de todo lo actuado; que se levanten las medidas cautelares y que se rechace la apertura de una nueva investigación contra el ex presidente.
Otra vez ataca a ‘La Prensa’
Tras su llegada ayer al Palacio de Justicia, el ex mandatario Ernesto Pérez Balladares repitió que el caso en su contra “ha sido una patraña y una persecución orquestada por el Ministerio Público”.
Según Pérez Balladares, en la audiencia preliminar –que concluyó ayer– “se demostrará nuevamente la falsedad de todo lo imputado”.
También volvió a atacar a este diario, al afirmar que en la investigación del caso se filtró información sensitiva a través de una conexión directa entre el procurador, José Ayú Prado, y un periodista de La Prensa cuyo nombre no mencionó.
A su juicio, gracias a esa conexión el periodista publicaba informaciones antes que sus abogados las conocieran.
Pérez Balladares amenazó con demandar a La Prensa apenas concluya el proceso y demuestre “la falsedad” de todas las acusaciones en su contra.
Esta no es la primera vez que el ex jefe de Estado se refiere a este diario. Lo hizo este lunes y el 4 de marzo pasado escribió en su página de Facebook: “¡La Prensa y Otero no saben qué más hacer para hacerme daño! ¡Ya veremos qué dice el juez… y después!”.
Mientras tanto, en diciembre de 2010 dijo que era falsa una noticia escrita por José Otero, titulada Pérez Balladares desafía orden del fiscal Ayú Prado, y especuló que el periodista estaría cobrando dinero para escribir en su contra.
En agosto de 2009 envió un correo a la periodista Mónica Palm, en el que le dijo: “Voy a cobrar la cuenta”. Se refería a unos reportajes en los que se le mencionaba.
Rafael Luna Noguera
